La Ley 20.998, promulgada en 2017, marca un antes y un después en la gestión del agua potable en las zonas rurales de Chile. Esta normativa no solo moderniza el sistema, sino que transforma la figura del antiguo Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural (APR) en un Servicio Sanitario Rural (SSR). El cambio no es solo de nombre; implica una profesionalización de la gestión y nuevas responsabilidades.

Este marco legal busca asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y, donde sea posible, de saneamiento. Para ello, establece una nueva institucionalidad y reglas claras. La ley reconoce a los comités y cooperativas como los operadores por excelencia de estos servicios, pero ahora bajo una estructura más formal y con una supervisión estatal más robusta.

Con la Ley 20.998, el mapa institucional se reorganiza. Dos actores clave asumen roles protagónicos: la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

La DOH, a través de su nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, se convierte en el principal aliado técnico y financiero de los SSR. Su función es planificar, proyectar y financiar la construcción y mejoramiento de la infraestructura. Actúa como el brazo ejecutor del Estado para fortalecer a los servicios rurales, entregando asistencia técnica y capacitación a los operadores.

Por otro lado, la SISS asume un rol que antes era inexistente en el mundo rural: la fiscalización. Su misión es velar por el cumplimiento de la normativa, garantizando que los SSR entreguen un servicio de calidad, con continuidad y a tarifas justas. Esto incluye supervisar la calidad del agua, la correcta operación de la infraestructura y la gestión financiera del servicio. La SISS tiene la facultad de aplicar sanciones en caso de incumplimientos, lo que eleva el estándar de exigencia para los operadores.

El corazón de la nueva regulación es la Licencia de Servicio Sanitario Rural. Este es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, autoriza a un comité o cooperativa a operar el servicio en un área geográfica definida, llamada área de servicio.

La licencia no es un mero permiso. Es un contrato formal que establece los derechos y deberes tanto del licenciatario (el SSR) como de los usuarios. Para obtenerla, el operador debe demostrar capacidad técnica y de gestión. Una vez otorgada, la licencia tiene una duración indefinida, pero está sujeta a la fiscalización de la SISS. Si un operador no cumple con sus obligaciones de forma reiterada, la licencia puede ser caducada y transferida a otro operador que sí garantice el servicio.

Entre los deberes más importantes del licenciatario se encuentran:

• Asegurar la calidad y continuidad del servicio: El agua debe ser potable según la norma chilena y el suministro debe ser continuo.
• Cobrar una tarifa justa: Las tarifas deben cubrir los costos de operación, mantenimiento e inversión, siendo aprobadas y reguladas por la SISS.
• Mantener la infraestructura: El operador es responsable del buen estado de todas las instalaciones, desde la captación hasta el medidor del usuario.
• Atender los reclamos: Deben contar con un sistema para recibir y gestionar las consultas y reclamos de los usuarios.
• Informar a la autoridad: Tienen que reportar periódicamente su gestión técnica y financiera a la SISS.

El principal derecho del licenciatario es el de operar de forma exclusiva dentro de su área de servicio y cobrar la tarifa autorizada para financiar su operación.

La ley permite que los SSR se organicen como un Comité o una Cooperativa. Ambas son organizaciones sin fines de lucro, pero tienen diferencias clave en su estructura y gobernanza.

La elección entre un modelo u otro depende de la realidad local, el tamaño del servicio y la cultura organizacional de la comunidad. Los Comités son más comunes y su administración es más sencilla, ideal para servicios más pequeños. Las Cooperativas, con una estructura más robusta, pueden ser adecuadas para sistemas más grandes y complejos, permitiendo incluso desarrollar otras actividades económicas en beneficio de sus socios.

Comprender este marco regulatorio es fundamental para los instructores que trabajan con los operadores rurales en Ñuble y Biobío. Permite explicar con claridad por qué deben cumplir con ciertas exigencias, cuáles son sus herramientas para gestionar el servicio y cómo la nueva institucionalidad los apoya y supervisa para asegurar un derecho tan básico como el acceso al agua potable.