La Ley 21.521, conocida como Ley Fintech, marca un antes y un después en el ecosistema financiero chileno. Antes de su promulgación, muchas empresas de tecnología financiera operaban en un espacio con poca regulación específica, lo que generaba tanto oportunidades de innovación como incertidumbres para los usuarios y el mercado. Esta ley viene a establecer un perímetro regulatorio claro, integrando a estas empresas formalmente al sistema financiero.

El objetivo principal es doble: fomentar la inclusión y la innovación financiera, al mismo tiempo que se protege la fe pública y la estabilidad del sistema. Para lograrlo, la ley crea un marco en el que las empresas de finanzas basadas en tecnología deben registrarse y ser supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la misma entidad que regula a los bancos y otras instituciones financieras tradicionales.

La Ley Fintech no aplica para todos por igual. Establece categorías específicas de servicios que ahora quedan bajo el paraguas de la CMF. Entre las más relevantes se encuentran las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), categoría en la que entran actores como Mercado Pago. Estas entidades gestionan cuentas que permiten realizar pagos, transferencias y otros servicios similares sin ser bancos.

Otras categorías reguladas incluyen las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), los sistemas alternativos de transacción de valores, los asesores de inversión y los custodios de instrumentos financieros. Cada una de estas categorías tiene obligaciones y requisitos adaptados a la naturaleza de su negocio.

Para operar dentro de este nuevo marco, las fintechs deben cumplir con una serie de requisitos diseñados para garantizar su solvencia y proteger a sus clientes. Estos requerimientos se centran en tres áreas clave: capital, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Además, se les exige tener un gobierno corporativo robusto. Esto significa contar con directores y gerentes con la experiencia adecuada, políticas claras para la toma de decisiones y sistemas rigurosos para la gestión de riesgos operativos, tecnológicos y de ciberseguridad. La CMF tiene la facultad de revisar y aprobar estos sistemas.

Uno de los pilares de la Ley Fintech es el principio de proporcionalidad en la regulación. Este concepto es clave para no ahogar la innovación. En lugar de aplicar las mismas reglas a una startup que recién comienza y a un gigante financiero, la CMF adapta la intensidad de la supervisión y los requisitos según el tamaño, la complejidad y el riesgo de cada empresa.

Por ejemplo, las exigencias de capital y garantías para una IFPE con un volumen de operaciones bajo serán menores que para una que maneja miles de millones de pesos. Este enfoque permite que empresas más pequeñas puedan entrar al mercado y crecer, mientras se asegura que los actores más grandes y sistémicamente importantes tengan controles más estrictos. La regulación se ajusta al riesgo, no al revés.

Ahora que hemos explorado los fundamentos de la Ley Fintech, pongamos a prueba tus conocimientos.