El precio de una prenda de ropa rara vez refleja su verdadero coste. El modelo de negocio de la moda rápida, o fast fashion, se basa en una producción acelerada y de bajo coste que externaliza sus impactos más graves. Las cadenas de suministro globales son complejas y opacas, diseñadas para maximizar los beneficios diluyendo la responsabilidad. Cuando una fábrica en Bangladés se derrumba, ¿quién es el responsable? ¿El propietario de la fábrica, las marcas internacionales que le exigen plazos imposibles, los gobiernos que no legislan o los consumidores que demandan precios cada vez más bajos?

El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Savar, Bangladés, se derrumbó. Murieron más de 1.100 trabajadores de la confección y otros 2.500 resultaron heridos. El día anterior se habían descubierto grietas estructurales graves y, aunque se ordenó la evacuación, se presionó a los trabajadores para que volvieran a sus puestos. Este desastre no fue un accidente aislado, sino la consecuencia inevitable de un sistema que prioriza la velocidad y el bajo coste por encima de la vida humana.

El modelo de 'crecimiento infinito' del fast fashion choca directamente con los límites finitos del planeta. La producción masiva de ropa consume enormes cantidades de agua, contamina ríos con tintes tóxicos y genera millones de toneladas de residuos textiles cada año. Esta carga medioambiental no se distribuye de forma equitativa. Las comunidades más pobres, a menudo en el Sur Global, son las que sufren las peores consecuencias: la contaminación de sus tierras y aguas, y la exposición a productos químicos peligrosos.

La presión para mantener los precios bajos se traduce en salarios de miseria y condiciones de trabajo inseguras para millones de personas, en su mayoría mujeres. Las largas jornadas, el acoso y la supresión de los derechos sindicales son prácticas habituales en muchas partes de la cadena de suministro. La promesa de desarrollo económico a menudo oculta una realidad de explotación que mantiene a las comunidades atrapadas en ciclos de pobreza.

Tras desastres como el del Rana Plaza, muchas marcas respondieron publicando códigos de conducta y realizando auditorías sociales. Sin embargo, estos mecanismos suelen ser voluntarios y carecen de una supervisión independiente y rigurosa. Una auditoría puede programarse con antelación, dando tiempo a la fábrica para ocultar los problemas. Los auditores pueden pasar por alto infracciones graves o ser susceptibles a la corrupción. El resultado es una 'ética cosmética': una fachada de responsabilidad que no cambia las prácticas fundamentales de compra de las marcas.

Si una marca presiona a un proveedor para que entregue un pedido en un plazo irreal a un precio increíblemente bajo, ese proveedor se verá obligado a recortar gastos en algún sitio. Normalmente, los recortes afectan a la seguridad del edificio, los salarios de los trabajadores o las horas extra forzadas. Los códigos de conducta voluntarios son ineficaces si el propio modelo de negocio de la marca incentiva las prácticas que dichos códigos prohíben.

La responsabilidad, por tanto, es compartida. Las marcas tienen la obligación de transformar sus modelos de compra. Los gobiernos deben crear y hacer cumplir leyes que protejan a los trabajadores y al medio ambiente. Y los consumidores tienen el poder de exigir transparencia y apoyar alternativas que demuestren que otra moda es posible.